Lourdes Gabriela Pérez Barrenechea
Antropóloga social
Desde que inició la emergencia nacional a causa del Covid-19, el Perú se ha enfrentado a una realidad más dura de la habitual: un país rebasado por la penosa infraestructura en salud, el acceso desigual a oportunidades laborales, y una serie de carencias que se han profundizado notoriamente, perjudicando a quienes menos recursos económicos tienen para sobrellevarla. Uno de estos sectores gravemente afectado es el sector agrícola y dentro de él, puntualmente hablamos de agricultura familiar, que constituye -según el último Cenagro- alrededor de 2 millones 170 mil unidades productoras, que luchan por sobrevivir durante este tiempo desfavorable.
Diversos gremios agrarios han solicitado apoyo al Gobierno desde abril, aunque sus reclamos son de larga data puesto que el presupuesto asignado al sector agropecuario es de 0.7% del PBI. Pese a ello, recién en julio se aprobó el Programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro) y hasta el 15 de octubre el Banco de Desarrollo del Perú (Cofide) apenas ha subastado S/ 40 millones, siendo solo el 2% del presupuesto asignado, lo que quiere decir que los créditos que se otorgarán a los pequeños productores recién están por empezar, cuando a nivel nacional hay campañas agrícolas que han iniciado en julio. ¿Cuánto más y por qué deben esperar? Esto llega tarde para quienes ya han visto pérdidas en su producción, lo que se verá reflejado en la producción nacional y por ende en nuestro acceso a alimentos, que usualmente es cubierto en un 70% por productores nacionales. ¿Es posible garantizar que las más de 32 millones de personas que vivimos en este país podamos contar con acceso a los alimentos más básicos para nuestro sustento y garantizar nuestra alimentación con una dieta básica que al menos nos salve de la desnutrición? Ahí el estado crítico y la importancia nacional del sector. Las cifras previas y los antecedentes no son alentadores. Esto conllevaría a una gran necesidad de importación de alimentos, competencias en desventaja para los productores y precios elevados por la escasez que serían inaccesibles para muchos consumidores. ¿Alguien dijo “enfermedad holandesa”?
Y estas no son las únicas preocupaciones que carga este sector, pues la agricultura de por sí es incierta a causa del clima. Además, Perú es considerado como uno de los países con estrés hídrico (por falta de infraestructura), y nuestra región no es ajena a esta realidad. Mediante D.S. N° 149-2020-PCM del 12 de setiembre, el Poder Ejecutivo declaró 26 distritos de La Libertad en Estado de Emergencia por peligro inminente ante déficit hídrico, por 60 días calendario. En el caso del Valle Jequetepeque, por ejemplo, se cuenta a los distritos de Guadalupe, Chepén y Pacanga. Este valle alberga unas 32 mil hectáreas destinadas al cultivo de arroz para la campaña grande 2019-2020, que ahora peligran por la disminución de agua en la represa de Gallito Ciego, lo que ha llevado a la incertidumbre de sus productores que hasta ahora continúan a la espera de la orden para la instalación de siembra y almácigos, situación que no es la misma para las empresas agroindustriales, que según refieren agricultores de la zona, siguen operando con agua permanente. Esto último es de suma importancia, el Estado debe evaluar esta situación antes que pudiera terminar en un conflicto social no solo a causa del acceso justo al agua sino también del destino de la producción, ya que estas empresas exportan y no aseguran el abastecimiento nacional.
Se requiere urgente apoyo directo a nuestros productores con créditos accesibles, con la integración a cadenas productivas sostenibles, compra directa de productos de parte de gobiernos locales, regionales y central para los diversos programas de asistencia alimentaria (que se cumpla la ley) y el control de la competencia desleal -dumping- por parte del comercio extranjero.
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